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Servindi.org es un sitio web especializado en promover el diálogo intercultural sobre temas de interés indígena y ecológico Las ediciones son de responsabilidad propia y no compromete la opinión de ninguna organización indígena local, nacional o internacional. Las opiniones contenidas en los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Servindi no comparte necesariamente la opinión de los artículos con autoría
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 Foto: CNA SServindi, 25 de mayo, 2017.- Un contundente triunfo alcanzó la tarde del jueves 25 de mayo el movimiento indígena peruano al lograr que la sesión plenaria del Congreso de la República apruebe el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento que deroga el Decreto Legislativo 1333. El D.L. 1333 crea un proyecto especial denominado APIP que facilita el acceso a territorios del área rural, ya sean públicos o privados, formales o informales, para fomentar proyectos de inversión de "interés nacional". De esta manera el APIP se convierte en un organismo con superpoderes para el saneamiento físico y legal de predios rurales con un mandato bastante amplio y creando conflicto de competencias con otras dependencias públicas. Tal como lo sustentó la Comisión, la norma en cuestión creaba inseguridad jurídica y no había sido consultada con los pueblos indígenas, a pesar que ponía en riesgo sus tierras y territorios. Las congresistas Tania Pariona Tarqui, María Elena Foronda y Marisa Glave Remy, todas ellas de la bancada del Frente Amplio, se batieron a favor de la derogatoria y expusieron argumentos sólidos y contundentes a favor del dictamen de la Comisión de Constitución. El congresista Gino Costa, de la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio (PPK), intentó un cuarto intermedio a fin de efectuar modificaciones a fin de asegurar que no se afectarían tierras de comunidades. Sin embargo, su pedido no prosperó, considerando que la titulación comunal es una deuda aún pendiente del Estado peruano. De igual forma, la congresista y segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, intentó sustentar que el gobierno había dialogado con las comunidades y la norma las respetaría pero su argumentación sin convicción fue tan débil que cayó en el vacío. De esta manera, las organizaciones indígenas nacionales articuladas en el Pacto de Unidad, la organización amazónica AIDESEP y las entidades de la sociedad civil que acompañan al movimiento indígena lograron una gran victoria en la jornada de hoy. Gracias a sus acciones de incidencia en el Congreso, en los medios de difusión y en la acción conjunta con instituciones aliadas lograron impedir que prospere una norma legal inconstitucional, inconsulta y violatoria de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y que ponía en riesgo la seguridad jurídica de muchos ciudadanos/as. ---
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