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- Rechazan firma de TPP por vulnerar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
- Julio Guzmán y su peligroso plan contra la Consulta Previa
- Tratados vulneran el sistema internacional de los derechos humanos
- Faltan pocas horas para presentar "Querido Perico"
- Sociedad civil programa acciones contra el TPP
- Archivan acusación contra indígenas por aprovechar recursos dentro de área protegida
- Ser indígena en tiempos neoliberales. Entrevistas a Mardonio Carballo y Francisco López Bárcenas
- Consulta previa del Plan Nacional de EIB ingresa a evaluación interna y diálogo
- "Sentencia del caso Hitler Rojas deja un mensaje nefasto a la sociedad"
- Presentan propuesta pedagógica quechua de educación intercultural bilingüe
| Rechazan firma de TPP por vulnerar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Posted: 18 Jan 2016 08:00 AM PST  Servindi, 18 de enero, 2015.- La Plataforma Chile Mejor sin TPP, conformada por más de una centena de organizaciones sociales, así como ciudadanos independientes y cinco parlamentarios, rechazaron la firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) por que su aplicación es considerada una vulneración de “los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. La citada articulación suscribió una declaración en el que indican que el Estado chileno “viola sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, porque las reglas comerciales y de inversiones que propone el TPP “limitan la soberanía”. Señalan que la negociación vulneró “todo proceso democrático para la toma de decisiones”, puesto que se dio sin “consulta ciudadana ni del parlamento”. Tampoco se efectuó el “proceso de consulta a los pueblos indígenas, según lo obliga el Convenio 169 de la OIT”. Afirman que la sociedad civil sólo ha conocido tres de los 30 capítulos del tratado, gracias a filtraciones, mientras que a nivel internacional el texto íntegro ha sido accesible al sector empresarial. El TPP fue suscrito por los ministros comerciales de doce países y se espera la ratificación, sin modificaciones, de los respectivos congresos de la República para el mes de febrero de 2016. “Ley Monsanto” Las voces críticas al TPP señalan que su aprobación significaría un atentado contra la soberanía alimentaria puesto que permitiría la “privatización de las semillas” dado que exige a los países que lo suscriben adoptar el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 1991 (UPOV 91). Así lo informó la Plataforma Yo No Quiero Transgénicos en Chile, conformada por un conjunto de organizaciones sociales, ambientalistas y personas independientes quienes iniciaron en octubre de 2015 una campaña para informar y denunciar las implicancias del TPP. Como se recuerda, el UPOV91 pretendió ser adoptado en Chile con anterioridad mediante la denominada “Ley Monsanto”, que buscaba adecuar las normas chilenas. Sin embargo, la iniciativa no tuvo éxito debido a la presión de organizaciones de la sociedad civil en 2014, año en que fue retirada de las prioridades legislativas. Pese a ello, gracias a información filtrada a la prensa se sabe que el TPP exige a los países suscribir el controvertido convenio. La plataforma Yo No Quiero Transgénicos en Chile considera que el UPOV91 “impide el libre intercambio de semillas, pone en riesgo el patrimonio genético y genera condiciones para la expansión de los cultivos transgénicos”. En efecto, dicho convenio protege los derechos de propiedad intelectual de las empresas que patenten semillas. "(…) una variedad está protegida por un derecho de obtentor, para reproducir o multiplicar la variedad con fines comerciales es necesario disponer de la autorización del obtentor", indica el convenio. Por otra parte, las organizaciones sociales indican que en el TPP solo dos frases reconocen “en forma general y no vinculante el dominio público” de las semillas. “No hay garantías tampoco para asegurar que las semillas registradas vuelvan al dominio público y estén disponibles efectivamente una vez terminado el tiempo de registro acordado por la normativa”, aseguran. Igualmente, indican que el TPP “estimula la biopiratería” y el “desconocimiento de la obligación legal de consultar a los pueblos indígenas sobre estas materias, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169.” Esto porque el capítulo referido a la propiedad intelectual incluye párrafos sobre el conocimiento tradicional ancestral y exige cooperación para “capacitar en la entrega de patentes relacionadas con conocimiento tradicional asociado a semillas”, para lo cual Chile no cuenta con legislación, explicaron. Frente ello han definido una posición de “rechazo absoluto a las patentes a plantas las cuales son un patrimonio de los pueblos campesinos e indígenas al servicio de la humanidad, según la definición de Vía Campesina”, señalaron. Emplazan a congresistas Alertados por la inminente aprobación del TPP, las organizaciones sociales han emprendido una campaña para emplazar a los parlamentarios a que manifiesten si votarán o no por su aprobación. En el marco de esta iniciativa, el pasado 31 de diciembre, las organizaciones de la región de La Araucanía enviaron una misiva a los parlamentarios de su región en la cual les dieron un plazo de 10 días para que manifiesten su postura frente al acuerdo comercial. Cinco días después, el diputado Fuad Chahin señaló que votará en contra del TPP. Él se suma a otros legisladores como Gabriel Boric Font, Giorgio Jackson Drago, Alejandro Navarro Brain, Gaspar Rivas Sánchez, Camila Vallejo Dowling, entre otros, que ya definieron la misma posición. Con el fin de emplazar a más parlamentarios, la plataforma contra el TPP está difundiendo por las redes sociales pequeñas cartas con información puntual sobre los cuestionamientos al tratado, para que la ciudadanía pueda remitirlas a los congresistas a fin de que definan su posición. Asimismo, está a disposición la información de contacto de los parlamentarios y un portal que enlista a quienes han afirmado su apoyo o rechazo al tratado y quienes aún no han definido su posición. Preparan protestas en Chile y Perú Las organizaciones sociales críticas al TPP han organizado para el próximo 22 de enero una protesta en Santiago de Chile y en otras regiones del país contra su firma. La convocatoria que fue difundida en las redes sociales indica que las movilizaiones serán continuas hasta que el Congreso rechace el tratado. La movilización en Chile será simultánea a una protesta en las calles de Lima, en Perú, contra la firma del mismo tratado. Se trata de la tercera movilización que se llevará a cabo en la capital por diversos colectivos ciudadanos. La anterior movilización congregó a unas 300 personas por las calles de Lima, quienes marcharon por varios distritos informando a la ciudadanía sobre el cuestionado tratado.
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| Julio Guzmán y su peligroso plan contra la Consulta Previa Posted: 18 Jan 2016 05:04 AM PST Desde que su figura emergió recién en el 2015, el hoy candidato presidencial Julio Guzmán se ha mostrado abiertamente como un promotor de la minería. Sin embargo, en los últimos días su postura se ha radicalizado al punto que planea eliminar y no respetar la Consulta Previa pese a que implica una contradicción con el Convenio 169 de la OIT. Por José Carlos Díaz Zanelli Servindi, 18 de enero, 2016.- Que el autodenominado “outsider” de la campaña Julio Guzmán es un defensor del extractivismo no es una novedad. Ya a inicios del 2015, cuando su figura recién asomaba en el espectro político se había mostrado a favor de la minería. De hecho, en una entrevista que diera a la revista Semana Económica en abril del año pasado, había dicho “voy a hacer un roadshow en todo el mundo para invitar a todas las mineras a que vengan al Perú pero que cumpla con el relacionamiento con las comunidades y respete los estándares ambientales”. Asimismo, por aquel entonces se había mostrado firme en su postura respecto a que, en un eventual gobierno suyo, los proyectos extractivos, Conga y Tía María, serían “viables”. Esto pese a no contar con el aval de las poblaciones aledañas. Es decir que, desde sus inicios, el hoy candidato de Todos por el Perú se ha mostrado como una personalidad defensora de la actividad extractiva en el país, sin realizar declaraciones firmes en materia de política ambiental. Sin consulta previa Sin embargo, unas recientes declaraciones suyas han llamado más la atención. Y es que en una entrevista ofrecida el domingo 17 de enero al programa Sin Medias Tintas, Guzmán llegó al extremo de afirmar que en una eventual gestión suya no ejecutaría la Consulta Previa, por considerar que esta traba las inversiones. “No la voy a mantener. No la vamos a implementar porque se puede prestar a manipulación para ir en contra de quienes pretendemos defender. No sabemos si va a haber derogación o no. Hay otras formas de beneficiar a estas poblaciones y a las empresas”, dijo el candidato. El anuncio del candidato ha causado alarma porque la necesidad de aplicar la consulta previa surgió ante la necesidad de prevenir la conflictividad social. La consulta previa es un derecho consagrado y una demanda histórica de las comunidades y pueblos originarios, especialmente los aledaños a los proyectos de extracción. Cabe recordar y precisar que el derecho a la consulta previa forma parte de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el Perú se encuentra expresamente obligado a su cumplimiento por haberlo suscrito y ratificado como tratado internacional de derechos humanos. Además, el derecho a la consulta previa se encuentra contenido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 13 de setiembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Inmediata respuesta de Verónika Mendoza La primera muestra de rechazo a las declaraciones de Guzmán vino de parte de la también candidata presidencial, Verónika Mendoza, quien ha señalado que la propuesta del postulante de Todos por el Perú es indignante y parte de no reconocer que los propios pueblos indígenas conocen sus derechos. “La consulta previa a los pueblos indígenas es un derecho. Indigna que un candidato a la presidencia como el señor Guzmán diga que no la aplicará, porque cree que hay quienes ‘manipulan’ a la gente. Como si los pueblos indígenas no supieran cuáles son sus derechos”, se pronunció Mendoza a través de las redes sociales. A diferencia de Guzmán, Verónika Mendoza es reconocida por haber promovido -de la mano con las organizaciones indígenas- una propuesta de consulta previa a fin que el Congreso de la República consulte las medidas legislativas que afecten a los pueblos originarios.
Valoración: Sin votos (todavía) | |||||||||||||||
| Tratados vulneran el sistema internacional de los derechos humanos Posted: 17 Jan 2016 11:37 AM PST  Servindi, 17 de enero, 2016.- Las autoridades encargadas de negociar los nuevos tratados internacionales como el TPP, el TTIP, el TISA o el CETA no solo ignoran el sistema internacional de los derechos humanos sino que están profundizando la fragmentación del Derecho Internacional. Así lo sostuvo Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina en un exhausto alegato publicado por la Agencia Latinoamericana de Información ALAI. El citado autor argumenta que dichos tratados privilegian los acuerdos de comercio e inversiones y los intereses privados corporativos sobre el interés público trasgrediendo los Principios Generales del Derecho. Los tratados de comercio e inversiones son jerárquicamente inferiores y deben respetar y someterse a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Carta de Naciones Unidas y a los tratados de Naciones Unidas. Tomando como sustento los informes elaborados por expertos independientes del sistema de las Naciones Unidas afirma que "la opacidad y el secreto en las negociaciones de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no se ajustan al orden internacional". "La elaboración, negociación y aprobación de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no puede realizarse de espaldas a la ciudadanía y a los representantes democráticos tal y como obliga el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cita a la relatora de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz que en un infiorme sobre el tema concluye que “Los regímenes internacionales de inversión y de libre comercio se han desarrollado como una vertiente del derecho internacional independiente de las normas de derechos humanos y de derechos indígenas." "A pesar de las importantes cuestiones de interés público que están en juego en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y del carácter consuetudinario de muchos principios de derechos humanos, no existen mecanismos formales para exigir que los acuerdos de inversión y libre comercio respeten los derechos humanos" prosigue la relatora. "Existen muchos mecanismos, reglamentos y acuerdos de arbitraje diferentes, y una falta general de transparencia. Ello impide a los legisladores y a los responsables de la formulación de las políticas tener una visión sistémica de los regímenes internacionales de inversión y de libre comercio y de su efecto sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y poder así tomar decisiones para una reforma eficaz” concluye Tauli-Corpuz. A continuación el artículo completo de Hernández Zubizarreta:
El TTIP, TPP, TISA, CETA…vulneran el sistema internacional de los derechos humanos Por Juan Hernández Zubizarreta* Las autoridades encargadas de negociar el TTIP, TPP, CETA, TISA… ignoran el sistema internacional de los derechos humanos y privilegian los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Están reformando el sistema jurídico internacional por la vía de los hechos y profundizando en la fragmentación del Derecho Internacional. El control de legalidad de estos tratados y acuerdos implica analizar el procedimiento de elaboración, la forma de aplicación y su posible colisión con el sistema internacional de los derechos humanos; también supone estudiar sus impactos en la función reguladora de los Estados para proteger y garantizar los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y medioambientales. Para ello, vamos a tener en cuenta los informes elaborados –en julio y agosto de 2015- por el experto independiente -Alfred-Maurice de Zayas- sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo(1). También vamos a analizar el informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos -Sra. Victoria Tauli-Corpuz- de los derechos de los pueblos indígenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Una primera cuestión de procedimiento, un experto independiente o una Relatora de la ONU no son personas expertas sin más, ya que forman parte del Procedimiento Especial y son nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) - compuesto por 47 Estados Miembros de las Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas- para examinar e informar sobre un tema o cuestión específica de derechos humanos. La expresión "procedimientos especiales" se refiere a los mecanismos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacer frente a situaciones concretas en países concretos o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo El 29 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la resolución 18/6 sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo(2). La resolución también creó el mandato del Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo por un periodo inicial de tres años. El mandato fue porrogado por un periodo de tres años, hasta el 30 de abril de 2018(3). Uno de los informes aborda los efectos adversos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión, los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos multilaterales de libre comercio en el orden internacional democrático y equitativo(4) y el otro informe hace hincapié en los efectos de la solución de controversias entre los inversores y el Estado en un orden internacional democrático y equitativo(5). Para la elaboración de los mismos, se han tenido en cuenta los informes de ocho titulares de mandatos de procedimientos especiales y las observaciones generales y finales pertinentes de los órganos de tratados como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño(6). El Experto independiente considera que “los tratados y acuerdos de comercio e inversiones conllevan una regresión en la protección de derechos como el derecho a la vida, a la alimentación (A/HRC/25/57), al agua y el saneamiento, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura, al mejoramiento de las normas laborales, a un poder judicial independiente, a un medio ambiente inocuo y a no ser sometido a reasentamiento forzoso. Por otra parte, existe una legítima preocupación por la posibilidad de que los acuerdos internacionales de inversión agraven el problema de la pobreza extrema, la renegociación de la deuda externa, la regulación financiera y los derechos de los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidad y las personas de edad y otros grupos vulnerables”. Antecedentes La desaparecida Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su resolución 2004/16 decidió prorrogar por otros tres años su mandato y tomó el acuerdo en la resolución 2005/6, de ocho de agosto, de profundizar en los efectos de los métodos de trabajo y las actividades de las empresas transnacionales y de analizar los medios y formas de proteger a las personas o grupos frente a los daños causados por la actividad comercial(7). A su vez se designó a la Sra. Chin Sung Chung y a la Sra. Florizelle O´Connor para que elaboraran un documento sobre “Acuerdos económicos bilaterales y multilaterales y sus repercusión sobre los derechos humanos de los beneficiarios” y otro titulado “La función de los Estados en la garantía de los derechos humanos, con referencia a las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales,” encargado al Sr. Gaspar Biró. En la 21ª sesión de la Subcomisión, del 24 de agosto de 2006, se presentaron ambos documentos. El documento de trabajo sobre los acuerdos económicos bilaterales y multilaterales y su repercusión sobre los derechos humanos de los beneficiarios(8) se centró en cuatro ideas. La primera, en cómo el papel de las transnacionales en los acuerdos económicos es fundamental y cómo la red económica tejida en torno a los acuerdos multilaterales y regionales se complementa con la proliferación de los tratados bilaterales. La preocupación deviene de la falta de transparencia y cauces democráticos en su negociación, de la necesidad de atraer inversiones sin condiciones por los países pobres y de las dificultades jurídicas de aplicar la extraterritorialidad de las normas. La segunda analizó los efectos directos e indirectos sobre los derechos humanos. La tercera incidió en la responsabilidad, en grados diferentes, de los Estados y de las empresas transnacionales. La cuarta estableció diversas fórmulas para promover la responsabilidad: invocar la responsabilidad derivada de los instrumentos internacionales de derechos humanos, preparar evaluaciones que delimiten los impactos de los acuerdos económicos, aplicar la cláusula de excepción general de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el Sistema Generalizado de Preferencias en las negociaciones comerciales, incorporar en los acuerdos comerciales la responsabilidad de las multinacionales, y volver a la “doctrina Calvo” respecto a la competencia de los tribunales nacionales de justicia. El documento relativo a la responsabilidad de los Estados en la garantía de los derechos humanos(9) se centró en lo que denominó la “renuencia” de los Estados a cumplir sus obligaciones de derechos humanos en relación con las actividades de las empresas transnacionales. Esto implica describir los efectos de las privatizaciones de sectores básicos y la coincidencia de funciones esenciales de los Estados con las funciones públicas. Los Estados deben obligar a las multinacionales a cumplir la ley pero, a su vez, éstas tienen obligaciones y responsabilidades en sus esferas de interés. El marco normativo La adecuación de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones a la legalidad internacional implica contrastar el contenido de los mismos con los tratados de derechos humanos, los principios generales del derecho, el derecho internacional consuetudinario, las declaraciones y las resoluciones; todo ello constituye un orden público esencial y de obligado cumplimiento. Por otra parte, tal y como analizaremos, este régimen jurídico prevalece sobre el orden y la estabilidad de los intereses de los inversores. Sobre la elaboración de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones En primer lugar, la elaboración, negociación y aprobación de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no puede realizarse de espaldas a la ciudadanía y a los representantes democráticos tal y como obliga el artículo 25 a) en concordancia con el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.(10) La opacidad y el secreto en las negociaciones de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones no se ajustan al orden internacional(11). En el informe titulado “La Defensora del Pueblo Europeo apoya el carácter secreto de las negociaciones del TTIP” y publicado en la página web de economía CIUDADANA(12), se recoge como “la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha decidido que en la reclamación 1777/2014/PHP contra la Comisión Europea sobre la solicitud de acceso a 20 documentos originales relativos al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (TTIP), realizada por el ciudadano Gregorio Abascal a través de su blog Economía Ciudadana, lo siguiente: “No ha habido mala administración por parte de la Comisión Europea”, procediendo al cierre de la investigación”. El informe añade “con esta decisión, O’Reilly consolida la posición de la Comisión Europea y del Consejo Europeo sobre la absoluta prioridad de mantener en secreto los documentos del TTIP, ignorando no sólo a la ciudadanía y su derecho a la información, sino también al Tribunal Europeo de Justicia, único órgano legitimado para la interpretación de la legislación de la Unión Europea, y la interpretación del mismo Reglamento 1049/2001 de la sentencia C‐ 350/12 P en casación”. En las negociaciones del TTIP entre la UE y EEUU se está produciendo un incumplimiento sistemático de la legislación internacional y de la legislación comunitaria. Incumplimiento que explica el Europarlamentario Konstantinos Chrysogonos en su informe sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en la Comisión de Asuntos jurídicos del Parlamento Europeo(13). Sobre el cuerpo normativo de las Naciones Unidas Las Naciones Unidas han elaborado un cuerpo normativo -tal y como afirma el Experto independiente- que ha puesto en el escenario mundial no solo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de las Naciones Unidas, sino también instrumentos jurídicamente vinculantes, entre ellos diez tratados fundamentales de derechos humanos(14) e innumerables declaraciones y resoluciones de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos, los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo –Convenios 14, 29, 77, 78, 87, 95, 98, 102, 105, 138, 169 y 182- y la Organización Mundial de la Salud y otros tratados internacionales como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, así como la Declaración sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El extenso cuerpo de tratados, protocolos y declaraciones sobre derechos humanos que ya existe crea un marco jurídico internacional que debe ser tenido en cuenta siempre que un Estado firme o ratifique un acuerdo con otros Estados. El régimen de derechos humanos, debe considerarse superior a otros acuerdos, incluidos los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Los tribunales nacionales y los tribunales y mecanismos de arbitraje internacionales deben estar subordinados a ese régimen. Sobre el Orden Público Internacional Hay que tener en cuenta el carácter dinámico del Derecho Internacional, ya que éste es un Derecho universal vinculado a las personas cuyas fuentes normativas no son sólo los tratados o acuerdos entre Estados sino la propia Carta de Naciones Unidas, las Declaraciones, otros instrumentos al margen de la ratificación de los Estados, la costumbre y los principios generales del Derecho. La construcción del ius cogens o normas de orden público internacional se regula en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados(15). El ius cogens integra un nuevo orden público internacional investido de imperium al margen de los Estados. Tiene, a su vez, eficacia erga omnes y múltiples fuentes normativas. Barbagaleta (1999)(16) ha ratificado las características descritas del ius cogens incidiendo en su universalidad e imperatividad al margen de los Estados, aunque requiere una aceptación mayoritaria de la comunidad internacional. En esta línea de interpretación expansiva y progresista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, aunque minoritaria doctrinalmente, Alberto Galinsoga afirma que, “Los instrumentos normativos universales de protección de los derechos humanos tienen un carácter polifuncional, en el sentido de que proclaman los valores éticos-políticos relevantes, reconocen los principios jurídicos rectores en la materia, establecen un estándar minimum normativo de carácter subsidiario, en defecto de norma nacional o internacional más favorable, y marcan los objetivos hacia los que los Estados deben dirigir sus políticas, medidas legislativas y administrativas”. “Los principios reconocidos en las grandes Convenciones Internacionales de derechos humanos se imponen como rectores de las normas aplicables en este ámbito y vertebran toda la normativa internacional general, regional y nacional. Como principios jurídicos vinculantes se imponen a todas las normas que contravengan su contenido, y como tales, pueden y deben ser aplicados por las legislaciones nacionales” (Galinsoga, 2002: 353 y 356)(17). Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos es vinculante y no una mera recomendación ética. En el Derecho Internacional el sistema de fuentes viene recogido en el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia y forman parte del mismo, las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del Derecho y las decisiones judiciales; la costumbre tiene el mismo valor jurídico que los tratados internacionales y el Derecho Internacional consuetudinario está en vigor y es obligatorio. La Declaración Universal de los Derechos Humanos forma parte del mismo y es una verdadera norma imperativa o de ius cogens que encarna y protege intereses esenciales de la comunidad internacional y que según el artículo 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados establece que una norma imperativa no puede derogarse y ni cabe acuerdo en contrario por otra norma que no sea imperativa(18). El Derecho Internacional consuetudinario es de obligado cumplimiento y tiene una jerarquía superior a los tratados y acuerdos de comercio e inversiones. Sobre la superioridad jerárquica de los derechos humanos frente a las normas de comercio e inversiones Los tratados de comercio e inversiones deben respetar y someterse –son jerárquicamente inferiores- a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Carta de Naciones Unidas y a los tratados de Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 103 establece que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta. Es decir, las normas de comercio e inversiones están subordinadas a las nomas sobre derechos humanos(19). En esta dirección el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 1989 en el caso Soering c. el Reino Unido, establece que las obligaciones existentes en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos prevalecen sobre las de los tratados de extradición y, por extensión, sobre los tratados y acuerdos de comercio e inversiones (Teitelbaum, 2004)[20]. El Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió una declaración en la que se dice: “Mientras que los derechos de propiedad intelectual se pueden atribuir y son de alcance y duración limitados y susceptibles de transacción, enmienda e incluso renuncia, los derechos humanos son eternos y constituyen la expresión de una reivindicación fundamental de la persona humana. Mientras que los derechos humanos tienen por objeto garantizar un grado satisfactorio de bienestar humano y social, los regímenes de propiedad intelectual -aunque tradicionalmente brindan protección a los autores y creadores individuales - se centran cada vez más en proteger los intereses e inversiones comerciales y empresariales”. Por su parte, en la resolución 2000/7 del 17/08/2000, la Subcomisión de derechos humanos de la ONU ha dicho: “Afirma que la protección de los intereses morales y materiales que resultan de toda producción científica, literaria o artística de que una persona es autora es, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 27 de la Declaración de Derechos Humanos y el inciso c) del párrafo 1 del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un derecho humano, en los límites del interés general; declara, sin embargo, que dada que la aplicación del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual que se relacionan con el comercio (ADPIC), no tiene en cuenta como debería la naturaleza fundamental de la indivisibilidad de todos los derechos humanos, en particular el derecho de cada persona a disfrutar de las ventajas de los progresos científicos y de sus aplicaciones, del derecho a la salud, a la alimentación y del derecho a la autodeterminación, hay conflictos visibles entre el régimen relativo a los derechos de la propiedad intelectual contenido en el Acuerdo, por una parte, y el derecho internacional relativo a los derechos humanos, por la otra; recuerda a todos los gobiernos la primacía de las obligaciones relativas a los derechos humanos sobre las políticas y los acuerdos económicos”. La Corte Interamericana de derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC/2/82, de 24 de septiembre de 1982 relativa al efecto de las reservas sobre la entrada en vigencia de la Convención, se expresó en estos términos: “los tratados modernos sobre derechos humanos en general, y en particular la Convención Americana, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a otros contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”. También la Comisión Europea de Derechos Humanos, basándose en el Preámbulo de la Convención Europea expresó en el caso 788/ Austria vs. Italia que: “el propósito de las Altas Partes Contratantes al aprobar la Convención no fue concederse derechos y obligaciones recíprocas con el fin de satisfacer sus intereses nacionales sino realizar los fines e ideales del Consejo de Europa... y establecer un orden público común de las democracias libres de Europa con el objetivo de salvaguardar su herencia común de tradiciones políticas, ideas y regímenes de derechos”. Por consiguiente, es imprescindible comprobar que los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y con las normas que regulan los derechos humanos. Sobre las Observaciones Generales El Experto internacional afirma que “… las Naciones Unidas ha establecido mecanismos de aplicación, incluidos los órganos creados en virtud de tratados, como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que han llevado adelante la labor de fijación de normas mediante la aprobación de observaciones generales sobre las disposiciones de los pactos internacionales y han participado en las actividades de vigilancia, el examen de los informes periódicos de los Estados partes y las visitas sobre el terreno”. Las observaciones generales son interpretaciones autorizadas realizadas por los distintos órganos credos en virtud de los tratados de derechos humanos. “El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha formulado observaciones generales pertinentes: núm. 12 sobre el derecho a una alimentación adecuada (art. 11), párrafos 19 y 36 (“Los Estados Partes deben asegurarse de que, en los acuerdos internacionales, se preste la debida atención al derecho a una alimentación adecuada”); núm. 14 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (art. 12), párrafo 39 (“En relación con la concertación de otros acuerdos internacionales, los Estados Partes deben adoptar medidas para cerciorarse de que esos instrumentos no afectan adversamente al derecho a la salud”) y párrafo 41, que prohíbe imponer embargos o sanciones al suministro de medicamentos y equipo médico; núm. 15, sobre el derecho al agua (arts. 11 y 12), párrafos 31, 35 y 36 (“Los Estados Partes deberán velar por que en los acuerdos internacionales se preste la debida atención al derecho al agua y, con tal fin, deberán considerar la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos jurídicos. En cuanto a la concertación y aplicación de otros acuerdos internacionales y regionales, los Estados Partes deberán adoptar medidas para garantizar que estos instrumentos no repercutan negativamente en el derecho al agua potable”); núm. 18 sobre el derecho al trabajo (art. 6) y núm. 19 sobre el derecho a la seguridad social (art. 9)”. Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones deben tener en cuenta y adecuarse a las diferentes observaciones mencionadas. Sobre los Principios Generales Entre las fuentes de derecho reconocidas por la Corte Internacional de Justicia figuran los principios generales del derecho (art. 38, párrafo 1 c), del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que configuran el orden jurídico nacional e internacional. Entre esos principios fundamentales están el de buena fe que significa que la ley debe ser coherente y no puede ser utilizada antitéticamente para destruir derechos. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra este principio en el artículo 30, que se refleja en el artículo 5 de los dos Pactos. Otros principios generales del derecho pertinentes son los principios de proporcionalidad, previsibilidad, rebus sic stantibus, la prohibición del abuso de derecho, de incitación a la comisión de un delito y de tratados o contratos que sean contra las buenas costumbres y la ilegalidad del enriquecimiento injusto. Los tribunales también puede aplicar el principio de equidad, en la medida en que en todos los acuerdos existe un elemento inherente de la misma. Los inversores pueden invocar el principio pacta sunt servanda -los acuerdos deben cumplirse- regulado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero requiere de la buena fe y aplicarse de una manera que no contravenga la Carta o los tratados de las Naciones Unidas. En virtud del artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Estados establecerán “un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. Este principio está reforzado por el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En conclusión, los tratados y acuerdos de comercio e inversiones deben respetar el conjunto de los Principios Generales del Derecho. Sobre el Derecho Penal Internacional El derecho penal internacional y los precedentes de Nuremberg también podrían ser pertinentes para examinar los tratados y acuerdos de comercio e inversión. Como manifiesta el Experto independiente, “sería apropiado comprobar si el concepto de “conspiración” para cometer actos contra bonos mores (o “empresa criminal conjunta”, en la expresión utilizada por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia) pueden aplicarse al método aplicado para elaborar y negociar en secreto algunos acuerdos internacionales de inversión. ¿Son los Estados o algunas empresas transnacionales culpables de “conspiración”? Los actos constitutivos de una conspiración de este tipo pueden incluir proporcionar deliberadamente información falsa; publicar previsiones falsas de crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo; contratar a grupos de estudio, economistas, universidades o fundaciones para que preparen “informes teleológicos”; y conspirar con grandes empresas de medios de comunicación para asegurarse de que solo se presente la parte positiva de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio y se supriman o minimicen los aspectos polémicos. La cuestión de la responsabilidad penal de las empresas por ecocidio y otros delitos es merecedora de un análisis a fondo en un informe futuro”. Sobre los Estados El Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo recoge reflexiones importantes que se reproducen a continuación: La Carta de las Naciones Unidas establece una orden internacional de Estados soberanos, que no puede ser sustituido por un nuevo orden internacional articulado sobre las normas de comercio e inversiones. Todos los Estados están obligados por la Carta de las Naciones Unidas y todos los tratados deben ser conformes con ella, en particular con sus artículos 1, 2, 55 y 56(21). Los Estado legítimos deben promover el bienestar de la población que se halle bajo su jurisdicción; las funciones esenciales del Estado no pueden ser privatizadas. La adopción de tratado o acuerdos de comercio e inversiones requiere evaluaciones de impacto en los derechos humanos, la salud y el medio ambiente. Como establece el informe del Experto independiente, “un gobierno que pone en peligro su facultad de defender y proteger los intereses de las personas que viven bajo su jurisdicción traiciona su propia razón de ser y pierde su legitimidad democrática. Entre los derechos que deben garantizar los Estados figuran el derecho a la vida, a la seguridad de la propia persona, a la participación en los asuntos públicos, a una patria, a la libre circulación, a la salud, a la educación, al empleo y a la seguridad social. Estos compromisos están consagrados, entre otros, en los artículos 1, 2, 6, 9, 12, 17, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos”. Por ejemplo, “los Estados deben garantizar el acceso a medicamentos asequibles es esencial para proteger el derecho a la vida, y negarse a proporcionar esos medicamentos asequibles equivale al delito penal de denegación de ayuda humanitaria de asistencia a personas en peligro. Dicho de otro modo, no es posible apropiarse de los conocimientos para obtener un beneficio, ni estos pueden ser privatizados ni convertidos en bienes comerciables, sino que más bien deben ser compartidos en un espíritu de solidaridad internacional”. La confrontación entre las normas reguladas en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es flagrante. El Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas ha destacado en sus informes que los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos estipulan, en los principios 8 y 9, que “los Estados deben asegurar que los departamentos y organismos gubernamentales y otras instituciones estatales que configuran las prácticas empresariales sean conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado” y que “los Estados deben mantener un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos cuando concluyan acuerdos políticos sobre actividades empresariales con otros Estados o empresas, por ejemplo a través de tratados o contratos de inversión”. Por tanto, todos los acuerdos y tratados de comercio e inversión que se negocien deben incluir una clara disposición que estipule que en caso de conflicto entre las obligaciones de derechos humanos del Estado y las obligaciones impuestas por otros tratados, prevalecerán los instrumentos de derechos humanos. “La validez de los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio debe ponerse a prueba aplicando las normas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Por ejemplo, un tratado puede ser nulo si es posible demostrar que hubo una violación manifiesta de la constitución del Estado, errores referentes a un hecho o a una situación cuya existencia se diera por supuesta en el momento de la firma del tratado y constituyera una base esencial del consentimiento a obligarse por el tratado (art. 48), conducta fraudulenta de otra parte negociadora (art. 49), engaño deliberado o afirmaciones falsas, corrupción (art. 50), coacción (arts. 51 y 52) o conflicto con una norma imperativa de derecho internacional (art. 53). La terminación de un tratado o la suspensión de su aplicación son posibles a causa de una violación grave (art. 60), imposibilidad subsiguiente de cumplimiento (art. 61) o un cambio fundamental en las circunstancias (art. 62). Normalmente los tratados contienen disposiciones para la denuncia o el retiro. De no existir esas disposiciones, este derecho puede inferirse de la naturaleza del tratado (art. 56). En la medida en que los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos de libre comercio den lugar a violaciones de los derechos humanos, esto será causa de su modificación o terminación. El procedimiento se establece en los artículos 65 y ss”. Los tratados internacionales deben ser sometidos al control de constitucionalidad, a fin de que los tribunales nacionales determinen si son conformes con la parte dogmática de la Constitución en lo que se refiere a los derechos y garantías contenidos en ella y más particularmente con las normas internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía de jus cogens (normas imperativas de derecho internacional). Un Estado no puede renunciar a su función esencial de legislar en interés público (Teitelbaum, 2004) A modo de conclusión, afirma el Experto independiente, “sería apropiado reafirmar que, si bien los acuerdos de libre comercio y de inversión tienen su razón de ser, la función principal del Estado es actuar en interés del público. Existen muchas oportunidades para que las empresas y los inversores obtengan beneficios legítimos y establezcan auténticas colaboraciones con los Estados en vez de mantener relaciones asimétricas. La norma básica debería consistir en: a) dar a las empresas lo que les pertenece, es decir, un medio en el cual competir limpiamente; b) restituir a los Estados lo que les pertenece de manera fundamental e inalienable, es decir, la soberanía y el espacio normativo; c) reconocer a los parlamentos lo que les pertenece, es decir, la facultad de examinar todos los aspectos de los tratados sin métodos no democráticos como el secreto y la aprobación mediante procedimientos de urgencia; y d) dar al pueblo lo que le pertenece, es decir, los derechos a la participación pública, el debido proceso y la democracia”. Sobre los tribunales arbitrales Los Estados tienen la responsabilidad de brindar protección, en particular con respecto a la administración de justicia. El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos requiere que los Estados velen por que los actos judiciales sean examinados por tribunales competentes e independientes en un régimen de transparencia y rendición de cuentas. Paradójicamente, los Estados han acordado la creación de tribunales ad hoc de solución de controversias entre inversores y Estados que no suelen ser independientes y transparentes y no suelen rendir cuentas. El informe sobre los efectos de la solución de controversias entre los inversores y el Estado en un orden internacional democrático y equitativo establece que: “Los últimos 25 años han dado numerosos ejemplos de violaciones de derechos por los inversionistas y sentencias arbitrales sin escrúpulos que no solo han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, sino que han generado una “parálisis normativa” o incluso una “congelación”, impidiendo a los Estados adoptar reglamentos sobre la eliminación de los desechos o el control del tabaco por temor a ser demandados ante los tribunales de solución de controversias entre inversores y Estados”. El Experto independiente declaraba en el periódico theguardian -el 16 de noviembre de 2015- que un solo mecanismo - el sistema de resolución de controversias inversionista-Estado (ISDS) - pone en peligro el actual sistema de justicia, el concepto de equilibrio de poderes y la esencia del Estado de Derecho. Sus implicaciones para el respeto de los derechos humanos en todo el mundo pueden ser devastadoras(22). En una dirección opuesta, destacan las declaraciones a favor de los tribunales arbitrales que realizaba el vicepresidente de Philip Morris, Marc Firistone, en el marco del contencioso que mantiene con Uruguay: "no hay una tensión inherente en proteger los derechos fundamentales del sector privado al mismo tiempo que se protegen los derechos humanos. No hay nada que amenace al orden mundial. Por contraste, lo que sería ‘devastador' para el orden público es si la legitimidad y la ecuanimidad se aplicaran en forma selectiva”(23). Es decir, según el alto responsable de Philip Morris, hay que tratar igual a los desiguales y las transnacionales deben ser tratadas igual que los hombres y mujeres de Uruguay; la salud de la población debe situarse en el mismo plano que los intereses económicos de los dueños de la multinacional. El sistema internacional de los derechos humanos es atacado frontalmente por el capital. El señor Zayas considera que “hay múltiples razones para oponerse a la solución de controversias entre inversores y Estados sobre la base de las necesidades de una gobernanza democrática, la administración de justicia mediante tribunales transparentes y responsables, la doctrina de la soberanía del Estado y el derecho de los derechos humanos”. “Las sentencias que resuelven las controversias entre inversores y Estados han llevado a estos últimos a abandonar medidas para proteger la salud pública y a reducir las exigencias de las normas ambientales. La parálisis normativa derivada de la mera existencia de un sistema de solución de controversias entre inversores y Estados ha disuadido, y podría disuadir en el futuro a los Estados, de tomar medidas para respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y, por lo tanto, tiene un efecto negativo en el orden internacional democrático y equitativo”. “Si bien los tribunales internacionales pueden y deben declarar inadmisibles los casos improcedentes de abuso del derecho a presentar comunicaciones (véase el artículo 3 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) o de abuso de procedimiento, los tribunales de solución de controversias entre inversores y Estados rara vez lo hacen y aceptan los litigios improcedentes y vejatorios que ocasionan enormes gastos a las partes, lo cual es especialmente perjudicial para los países en desarrollo”. La Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas La Relatora, Sra. Victoria Tauli-Corpuz, ha elaborado el informe(24) relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas(25) y presentado a la Asamblea General de conformidad con el mandato que le confirió el Consejo de Derechos Humanos en sus resoluciones 15/14 y 24/9(26). Sobre los antecedentes En los antecedentes del informe la Relatora afirma que le causa una gran preocupación el aumento de las inversiones extranjeras relacionadas con las tierras de los pueblos indígenas, las aguas y la extracción de recursos naturales como minerales y metales, petróleo, gas y madera, entre otros. Además, considera que hay que analizar a fondo los regímenes internacionales de inversión y el modo en que afectan al respeto o a la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas; se produce una colisión con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “Para la elaboración del informe se han tenido en cuenta de manera especial el informe que el Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo presentó en el 70° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/30/44) sobre los efectos negativos para los derechos humanos de los acuerdos internacionales de inversión, los tratados bilaterales de inversión y los acuerdos multilaterales de libre comercio en el orden internacional, el informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/19/59/Add.5) y el informe que el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental presentó en el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General (A/69/299), que analiza el impacto de los acuerdos de inversión en el derecho a la salud. Además, en 2015, diez titulares de mandatos han expresado públicamente su preocupación por el impacto que los acuerdos de libre comercio e inversión tienen en los derechos humanos”. Sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas “Los tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversiones y su impacto sobre los derechos humanos incluye aspectos como los derechos sobre la tierra, la degradación ambiental, la pobreza, la capacidad de reglamentación y de protección del Estado, el déficit democrático y los desafíos al estado de derecho en relación con la elaboración y aplicación de dichos acuerdos, y la capacidad de los gobiernos para prestar servicios de salud y relacionados con el agua”. Derecho a las tierras, los territorios y los recursos “Como se establece, entre otros, en los artículos 8, 25, 26, 29 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido de otro modo, así como el derecho a poseer, utilizar, explotar y controlar dichos recursos. El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece los derechos individuales y colectivos a poseer bienes en propiedad, complementa las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. “Las cláusulas de no discriminación y expropiación de los acuerdos de inversión y de libre comercio pueden fácilmente ir en detrimento de la protección de los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y de los derechos culturales estrechamente conexos. Las cláusulas sobre un trato no discriminatorio, como ya se ha señalado, otorgan a los inversores extranjeros el mismo trato que el dado a los inversores nacionales y de otros países. En la práctica, esto significa que, si los derechos de los pueblos indígenas no están expresamente incluidos como excepciones a dichas disposiciones, cualquier protección especial de sus tierras, ya con base en el derecho consuetudinario o en leyes específicas de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, podría quedar obsoleta en el ámbito de las inversiones”. “Las cláusulas de expropiación de los acuerdos de inversión pueden ser también un importante obstáculo para las reclamaciones relativas a las tierras indígenas. Si, para cumplir la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras normas de derechos humanos, los gobiernos receptores que tienen suscritos tratados y acuerdos de comercio e inversiones adoptan medidas positivas para devolver las tierras en régimen consuetudinario tomadas por los inversores extranjeros a los pueblos indígenas, podrían tener que pagar una compensación a esos inversores a valores de mercado. Los tribunales de solución de controversias entre inversores y Estados han impuesto esa compensación a valores de mercado, incluso cuando la expropiación de tierras se había realizado con un fin público legítimo o para remediar una apropiación injusta de tierras y territorios de los pueblos indígenas”. Consentimiento libre, previo e informado “El derecho de consentimiento libre, previo e informado está incluido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el derecho de consulta lo está en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A pesar de esas disposiciones, solo los representantes de los gobiernos nacionales negocian, redactan y pactan los acuerdos de inversión, que a menudo se elaboran en estricta privacidad. La Relatora Especial no tiene constancia de que los representantes de los pueblos indígenas o los funcionarios de los sistemas reconocidos de autogobierno indígena hayan sido invitados a participar en la negociación y redacción formales de los acuerdos de libre comercio e inversión que les afectarán directamente. Dado que dichos acuerdos son formalmente vinculantes en todos los niveles de gobierno y que muchos proyectos de inversión tienen un gran impacto sobre los pueblos indígenas, esa situación es, por sí sola, una violación de los derechos de consentimiento libre, previo e informado, participación, consulta y libre determinación”. “Cuando se emprenden proyectos de inversión que afectan directamente a los pueblos indígenas es preciso mantener con ellos consultas de buena fe, conforme a lo exigido en los artículos 19 y 32, párrafo 2, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y el artículo 6, párrafo 2, del Convenio 169 de la OIT. La aplicación de esos artículos a los acuerdos de inversión y de libre comercio ofrece la oportunidad de incluir las perspectivas y necesidades de los pueblos indígenas en las disposiciones de los acuerdos y evitar futuras violaciones de sus derechos humanos. Cuando se pierde esa oportunidad, aumentan las posibilidades de que se produzcan conflictos, se suspendan proyectos y se pierdan beneficios”. “Las violaciones se agravan por el hecho de que existe el riesgo potencial de que la responsabilidad económica por daños y perjuicios atribuida al Estado parte sea trasladada a los gobiernos indígenas. Por ejemplo, algunos gobiernos, como el del Canadá y México, han pretendido recaudar las indemnizaciones concedidas a las empresas en concepto de daños y perjuicios reteniendo fondos a los gobiernos locales”. “Las violaciones del derecho de consentimiento libre, previo e informado pueden también contribuir a posteriores abusos contra los derechos de los pueblos indígenas en el marco de los acuerdos de inversión y de libre comercio. La aplicación del principio del consentimiento libre, previo e informado a los acuerdos de inversión y de libre comercio ofrece la oportunidad de incluir las perspectivas y necesidades de los pueblos indígenas en las disposiciones de dichos acuerdos y evitar futuros abusos contra sus derechos humanos. Cuando se pierde esa oportunidad, el posible efecto preventivo de la observancia del derecho de consentimiento libre, previo e informado se malogra”. Derechos culturales “Hay muchas maneras en que los posibles efectos de los acuerdos de inversión y de libre comercio podrían socavar los derechos culturales de los pueblos indígenas. En primer lugar, a las graves consecuencias que los acuerdos de inversión y de libre comercio tienen para las tierras y los derechos territoriales de los pueblos indígenas se añade la importancia cultural de las tierras y los territorios indígenas”. Libre determinación, pobreza y derechos económicos y sociales “Como ya se ha señalado, los pueblos indígenas no participan en las negociaciones ni en la redacción de los acuerdos de libre comercio. Sin embargo, las disposiciones de dichos acuerdos afectan a su régimen de autogobierno y al uso de sus tierras, territorios y recursos”. “Un efecto concreto de ese desequilibrio en la labor de los gobiernos indígenas y la negación de los derechos de libre determinación en la redacción de los tratados y acuerdos de comercio e inversiones podría ser la restricción de la imposición fiscal. En las cláusulas sobre un trato justo y equitativo que se incluyen en los tratados y acuerdos mencionados se han cuestionado diversos tipos de impuestos, como los impuestos sobre el valor añadido, los impuestos sobre el consumo de cigarrillos, los timbres fiscales sobre el tabaco, los impuestos de sociedades o los impuestos sobre los recursos naturales. Un impuesto que solamente se impone a los pueblos no indígenas (entre los que pueden estar los inversores extranjeros) podría infringir las disposiciones nacionales sobre el trato, por ejemplo, las disposiciones del modelo de TBI de los Estados Unidos”. “Entre las violaciones cabe citar los ataques flagrantes y sostenidos a la integridad cultural de los pueblos indígenas; el menosprecio y la falta de reconocimiento del derecho consuetudinario y los sistemas de gobernanza; la falta de elaboración de marcos que permitan a los pueblos indígenas ejercer su derecho al desarrollo y al autogobierno; y las prácticas que despojan a los pueblos indígenas de autonomía sobre sus tierras y recursos naturales”. “Esas relaciones desiguales de poder entre los pueblos indígenas y las empresas y los Estados contribuyen también a la existencia de niveles endémicos de pobreza entre los pueblos indígenas. Aun cuando los pueblos indígenas conforman el 5% de la población mundial, representan el 15% de todas las personas que viven en la pobreza. Y una enorme proporción del 33% de las personas que viven en la pobreza extrema rural a nivel global proceden de comunidades indígenas. Esas cifras son especialmente alarmantes si se tiene en cuenta la riqueza de recursos naturales que existe en los territorios indígenas. Ese nivel de pobreza es una violación del derecho de los pueblos indígenas al desarrollo, así como de sus derechos económicos y sociales a un nivel de vida adecuado, a la vivienda, a la alimentación, al agua, la salud y la educación”. “Las violaciones del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y de otros derechos económicos y sociales están estrechamente vinculadas a las experiencias que los pueblos indígenas han sufrido históricamente de marginación, desposesión y destrucción ambiental de sus tierras ancestrales, y a la falta de libre determinación sobre las vías de desarrollo. El impacto de los tratados y acuerdos de comercio e inversión agrava aún más todos esos factores. Además, los efectos sistémicos de dichos acuerdos, contribuyen también a las causas de la pobreza y a la negación del derecho a la libre determinación”. “Los costos que los Estados tienen que afrontar para defender los casos de solución de controversias entre inversores y Estados y para pagar las indemnizaciones que puedan imponérseles pueden llegar a ser extremadamente altos. Ello desvía los recursos públicos, lo cual podría limitar la capacidad de los Estados para invertir en la plena efectividad de los derechos económicos y sociales de las comunidades indígenas”. Efectos sistémicos de los regímenes de inversión y libre comercio “El informe aborda la asimetría entre los Estados y los agentes económicos, la limitación del marco normativo y legislativo de los Estados, la pérdida de fondos públicos, la perpetuación de los desequilibrios internacionales de poder y el crecimiento económico a nivel nacional”. “Los regímenes internacionales de inversión y de libre comercio se han desarrollado como una vertiente del derecho internacional independiente de las normas de derechos humanos y de derechos indígenas. A pesar de las importantes cuestiones de interés público que están en juego en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y del carácter consuetudinario de muchos principios de derechos humanos, no existen mecanismos formales para exigir que los acuerdos de inversión y libre comercio respeten los derechos humanos. Además, como ya se ha señalado, el propio régimen de inversión y de libre comercio es impreciso, complejo y opaco. Existen muchos mecanismos, reglamentos y acuerdos de arbitraje diferentes, y una falta general de transparencia. Ello impide a los legisladores y a los responsables de la formulación de las políticas tener una visión sistémica de los regímenes internacionales de inversión y de libre comercio y de su efecto sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y poder así tomar decisiones para una reforma eficaz”. Notas: (1) Este trabajo se ha elaborado teniendo en cuenta los informes mencionados. En muchas ocasiones se reproducen apartados literales de los mismos. (2) Principales instrumentos internacionales relevantes para el mandato
(3) A/HRC/RES/27/9 http://www.ohchr.org/SP/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.... (4) A/HRC/30/44 Asamblea General de Naciones Unidas. (5) A/70/285 Asamblea General de Naciones Unidas. (6) El Experto Independiente ha recurrido al asesoramiento de economistas y ha prestado atención a los informes de otros titulares de mandatos de procedimientos especiales, entre ellos el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación (A/HRC/19/59/Add.5 y A/HRC/10/5/Add.2); el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; la Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; el Experto Independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación (A/HRC/29/25); el ex Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; y el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (A/HRC/29/28, párrs. 30 y 31), apoya firmemente los artículos 1 a 10 de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011 (A/HRC/17/31, anexo) y el marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar". Se basa en las observaciones generales y las observaciones finales pertinentes de los órganos de tratados como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de los Derechos del Niño. Acoge con beneplácito la actuación de la UNCTAD, plasmada en sus diagnósticos perceptivos, sus conferencias recientes y sus iniciativas de reforma pertinentes. (7) En el mismo año, unos meses antes Cetim y la Asociación Americana de Juristas presentaron por escrito a la Subcomisión una iniciativa en la dirección de los objetivos de la resolución referida. ONU E/CN.4/Sub.2/2005/NGO/22. (8) De conformidad con la resolución 60/251 de la Asamblea General, de 15 de marzo de 2006, titulada “Consejo de Derechos Humanos”, todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos, incluida la Subcomisión, fueron asumidos a partir del 19 de junio de 2006 por el Consejo de Derechos Humanos. En consecuencia, desde la misma fecha, la signatura E/ CN.4/Sub.2/... de la serie documentos de la Subcomisión ha sido sustituida por A/ HRC/ Sub.1/ El documento reseñado responde a la signatura A/ HRC/ Sub.1/58/CRPÁG.8. (9) ONU A/HRC/Sub.1/CRPÁG.12 (10) Artículo 25 a) Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades
(11) Destaca en este sentido, la declaración del Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox, que afirma “… que el desarrollo sostenible y los derechos humanos están relacionados entre sí” y “los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia conforman una parte central de esta relación”. “Cuando las personas más afectadas por las políticas de desarrollo y medio ambiente, incluidos los pueblos indígenas y las mujeres que a menudo son las principales cuidadoras de la familia, pueden ejercer sus derechos a la información, la participación en la toma de decisiones y la justicia, las políticas son más justas y efectivas”. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=33670#.VkoH_b8-P78 Los Expertos y Expertas de la ONU instan a América Latina y el Caribe a adoptar un acuerdo sin precedentes sobre democracia ambiental, información, participación y justicia. Sr. John Knox, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Sr. Baskut Tuncak, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos; Sr. Dainius Pûras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Sr. Léo Heller, Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Sr. Philip Alston, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Sra. Virginia Dandan, Experta independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional ; Sr. Alfred de Zayas, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Sr. Chaloka Beyani, Relator Especial sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas ; Sra. Leilani Farha, Relatora especial sobre la vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Sra. Eleonora Zielinska, actual presidenta del Grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica. (12) Economía CIUDADANA http://www.economiaciudadana.org/2015/11/la-defensora-del-pueblo-europeo... (13) Sobre los informes anuales trigésimo y trigésimo primero sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2014/2253(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+... (14) Los tratados universales y regionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, deben prevalecer necesariamente sobre otros tratados. (15) Oscar Ermida considera que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reguló el ius cogens como “la Norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto, como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de Derecho Internacional general, que tenga el mismo carácter” Ermida Uriate, Oscar: “Derechos laborales y comercio internacional”, en Globalización económica y Relaciones Laborales, (editores Wilfredo Sanguinetti y Agustín García), ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 2003. (16) Barbagaleta, Hector Hugo: “Hablemos de flexibilidad y globalización”, Derecho Laboral, núm. 194, 1999. (17) Galinsoga, Albert: “Las Transformaciones de la Sociedad Internacional y los derechos humanos”, El vuelo del ICARO, núm.2-3, 2001-2002. (18) La posición oficial y ortodoxa de la academia entiende que “los redactores no consideraron la Declaración como legalmente vinculante y esperaban que la obligaciones jurídicas correspondientes a esos derechos serían más tarde impuestas a los Estados…” (Zambrana, 2013: 49). Zambrana, Nicolás: “Los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos en (Francisco J. Zamora et al) La responsabilidad de las multinacionales por violaciones de derechos humanos, Universidad de Alcalá, 2013. En otra dirección radicalmente opuesta se encuentra, Bartolomé Clavero (2009) que considera “que la mayoría de los instrumentos humanos son expresión del derecho internacional consuetudinario, de derecho que debe en principio practicarse con independencia del carácter del documento que lo declara o por el que se acuerda; es el caso de la Declaración de Derechos Humanos”. Clavero, Bartolomé: “El valor vinculante de la Declaración sobre los derechos de los Pueblos Indígenas”, 2009 http://www.derechosindigenas.org/docs/clavero-art42/ (19) La Carta de Naciones Unidas es considerada por sectores de la doctrina, y de acuerdo con su artículo 103 que establece la preeminencia de las obligaciones establecidas frente a cualquier otra, como la matriz legal y ética de todas las normas ius cogens y obligaciones erga omnes. (20) Teitelbaum, Alejandro: “Los tratados bilaterales de libre comercio”, Rebelión, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=4218. (21) Artículo 1: Los propósitos de las Naciones Unidas son:
Artículo 2: Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:
Artículo 55: Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá:
Artículo 56: Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos consignados en el Artículo 55. (22) How can Philip Morris sue Uruguay over its tobacco laws? http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/16/philip-morris-urugu... (23) Declaraciones recogidas en el periódico theguardian http://www.theguardian.com/business/2015/nov/19/philip-morris-we-are-def... (24) Las ideas transcritas son textos literales del informe mencionado. (25) Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de los derechos de los pueblos indígenas relativo a las repercusiones de las inversiones internacionales y el libre comercio sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/documentos/informes-anual... (26) Mandato de la Relatora Especial http://unsr.vtaulicorpuz.org/site/index.php/es/biblioteca/un-docs/12-hrc... --- *Juan Hernández Zubizarreta es Profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina. ---- Valoración: Sin votos (todavía) | |||||||||||||||
| Faltan pocas horas para presentar "Querido Perico" Posted: 17 Jan 2016 01:21 AM PST  Servindi, 17 de enero, 2016.- El lunes 18 de enero se presentará en Lima el libro “Querido Perico” una recopilación de escritos de sus amigos, familiares y gente que trabajó al lado del abogado Pedro García Hierro, y cuenta la historia de Perico en el Perú, a la par de sucesos históricos del movimiento indígena peruano, en los que tuvo una indispensable participación. La obra de 332 páginas reúne 36 artículos escritos por 37 colaboradores. La publicación fue editada por el antropólogo sanmarquino Alberto Chirif y se halla ilustradas con fotografías que recuerdan diversas facetas del entrañable Perico, quién falleció el sábado 11 de julio de 2015, tras más de cuatro décadas de destacada labor. La presentación del libro editado con el auspicio del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) se llevará a cabo a las 7:00 p.m., hora exacta, en el auditorio del Centro Cultural La Noche, ubicado en el Pasaje Sánchez Carrión 199, Barranco. El ingreso es libre. En la mesa de participación intervendrán Shapiom Noningo Sesen, Gil Inoach Shawit y Alberto Chirif. Asimismo, Irma Tuesta Cerrón, brindará unas palabras de agradecimiento. Luego de lo cual se realizará un ronda de vino de honor. Por tratarse de una presentación el libro se entregará a un precio de oferta de 30 soles. La edición se destinará como apoyo a la familia. A continuación compartimos el índice de la magnífica obra de homenaje: Querido Perico. Pedro García Hierro, defensor de los derechos de los pueblos indígenas Índice Precisiones editoriales. P. 11 Intensiones y algunos recuerdos, por Alberto Chirif. P. 13 Recuerdos de familiares y amigos Un Amauta en la ONU, por Malena García Hierro. P. 33 Nunca fui a Perú a verle, por Francisco Javier García Hierro. P. 47 Perico, una persona entregada al mundo indígena, por Ermeto Tuesta. P. 51 Pedro, contado a mi hijo, por Alexandre Surrallés. P. 57 Caminando con Perico, por Gil Inoach. P. 63 ¡Ay, Dios!, por Juan Solaz. P. 75 Amigos. Nadie más. El resto es selva (Jorge Guillén), por Javier Agustí. P. 79 Pericón con nosotros, por Roberto Wangeman Silva. P. 85 Recuerdos y reflexiones a partir de experiencias compartidas con Perico, por Rosario Basurto Carrillo. P. 95 Recordando a Perico, por Beni Núñez. P. 99 Me jodiste la cabeza, por Jeremy Narby. P. 103 ¡Hasta pronto querido amigo!, por Lily La Torre, P. 107 Homenaje al Dr. Perico, por Shapiom Noningo. P. 111 Ahora el camino es menos largo y estamos menos solos: Pedro García, un español amazónico, por Rodrigo Montoya Rojas. P. 117 ¿Y ahora qué?, por Claus Kjaerby. P. 121 Un caballero de fina estampa, por Efraín Jaramillo. P. 129 Recordando a Pedro García, por Ángela y Käthe Meentzen. P. 133 Te quiero, Perico, por Ichi Power Morán. P. 139 Perico, un hombre bueno, por Manuel García. P. 141 Perico, te quedas en mi recuerdo como gran persona, por Margarita Benavides. P. 145 Su lugar era la selva, por Noemí Pedrini y Frida Szwarcberg. P. 149 La vida de un hombre sin par, por Raúl Vargas Caballero. P. 151 Integrantes del Grupo DAM Ámpi por Desamparados Clara Ferrís Muñoz. P. 157 Yampits, una familia, por Luis Pérez García. P. 173 Desde ahora, Perú va a parecer que tuviera un vacío, por Bill Donoghue y Nelly Cabala. P. 187 De lo intangible. El cocinero nigromante, por Feli Marcos de Ozonas. P. 191 Perico en busca y captura, por Cristina Jessett. P. 195 Perico, la prolongación de nuestros sueños, por Gabriel Toval. P. 201 La experiencia del grupo DAM 1971-1980, por María Victoria Antón. P. 211 Hermano Perico. Apuntes sobre el trabajo en salud del DAM, por Guillermo Ozonas. P. 219 El DAM en la tierra de los MAM. Trazos de la vida con Perico, por Emilio Serrano Calderón. P. 237 Temas que interesaron a Perico Vivir Bien: pensamiento social de la autonomía personal, por Luisa Elvira Belaunde. P. 263 Currículos y paradigmas civilizatorios: apuntes para un debate, por Lucy Trapnell. P. 275 Derechos indígenas no territoriales y horizontes para el desarrollo de nuevos estándares interamericanos en materia de pueblos indígenas, por Marco A. Huaco Palomino. P. 289 Territorios indígenas en la coyuntura actual, por Alberto Chirif. P. 310 Referencias de los autores. P. 326 Valoración: Sin votos (todavía) | |||||||||||||||
| Sociedad civil programa acciones contra el TPP Posted: 16 Jan 2016 07:21 PM PST  Servindi, 17 de enero, 2016.- Ante la posibilidad inminente de que el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por su sigla en inglés) se apruebe en la próxima legislatura del Senado de la República Mexicana, diversas organizaciones sociales, indígenas y campesinas, sindicatos y redes de acción social en derechos humanos y ecología, convocan al Encuentro Internacional de la Sociedad Civil que tendrá lugar en México del 27 al 29 de enero de 2016. El 27 de enero se dará inicio al Encuentro mediante una plenaria de organizaciones sociales que tendrá lugar en la sede del sindicato de la UNAM (STUNAM), en la Ciudad de México y que proseguirá el 28 de enero mediante el desarrollo de mesas temáticas. De manera paralela en Chapingo, Estado de México, se llevará a cabo el foro especializado: "Biodiversidad, semillas nativas y propiedad intelectual". El mismo 28 en el Senado de la República tendrá lugar un Foro parlamentario con participación de legisladores de diferentes países. El 29 de enero se debatirán las conclusiones de todas las actividades y se efectuará un reunión plenaria en local del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), para suscribir un pronunciamiento hemisférico contra el TPP. La cita es en la Avenida de los Insurgentes Nº 98, Delegación Cuauhtémoc, Col. Tabacalera, a una cuadra al norte de la avenida Reforma. Compartirán sus conclusiones la Mesa 1: Soberanía Alimenticia y Derechos de los Pueblos; la Mesa 2: Derechos Laborales vs Derechos corporativos; la Mesa 3: Derechos Digitales y de Propiedad Común vs Propiedad Intelectual en el Tratado; la Mesa 4: Derechos a los inversionistas extranjeros y Soberanía Nacional y la Mesa 5: Derechos Corporativos vs Derechos Humanos. Asimismo se conocerán las conclusiones del Foro de Chapingo y del díalogo con los parlamentarios. La pleanria del 29 también aprobará un Programa de Acción Conjunta Nacional y Hemisférica, una Declaración del Encuentro Internacional de Organizaciones Civiles y la Declaración del Foro de Parlamentarios en el Senado de México. El Encuentro culminará con una movilización masiva desde el Monumento a la Revolución, situado a unas cuadras del local del SME, hacia el Zócalo de la Ciudad de México. El Foro de Chapingo El Foro Biodiversidad, semillas nativas y propiedad intelectual del 28 de enero tendrá lugar en el auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma Chapingo, Estado de México. Está dirigido a universitarios, organizaciones sociales, campesinas e indígena. La modalidad de participación es con una ponencia que aborde algunos de los siguientes subtemas: Patentes, registro de variedades mediante Acta UPOV 1991, marco jurídico de privatización de la biodiversidad, derechos colectivos, pueblos indígenas. La fecha límite para el envío de resúmenes de ponencias (2 cuartillas) es el 25 de enero de 2016. Para mayores informes dirigirse al correo:redmaizchiapas@gmail.com El 28 de enero en el Senado El 28 de enero se realizará el Conversatorio Internacional entre organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios en Oposición al Tratado de Asociación TransPacífico (TPP), el mismo que tendrá lugar en el Senado de la República. Torre de Comisiones, piso 14 sala 2, 3 y 4. El Senado se ubica en la Av. Reforma 135, pero hay que ingresar por la calle Madrid esquina con Paris El conversatorio se propone avanzar en la convergencia de organizaciones de la sociedad civil y legisladores de Chile, Perú, E.U.A., Canadá y México para impedir la ratificación de este tratado. El panel 1 se desarrollará de 10:00-11:30 hrs. y su propósito es que los representantes de organizaciones de la sociedad civil de distintos países presenten un diagnóstico de las posibles afectaciones que acarrea el TPP y las principales demandas a los legisladores. Para esto se debatirán los temas centrales de controversia con el acuerdo, las acciones de las organizaciones en sus respectivos países y qué esperan del Poder Legislativo de cada uno de sus países. El panel 2 se realizará de 11:30-12:00 hrs. y consistirá de la proyección de videograbaciones con opiniones de legisladores que no pudieran estar presencialmente. El panel 3 se desarrollará de 12:00-14:00 hrs. y en éste los legisladores expondrán su visión para fortalecer la oposición al TPP al interior de los diferentes órganos legislativos a los que representan. En este sentido señalarán los temas que pudieran generar un mayor rechazo al TPP e indicar qué acciones habría que realizar, dentro y fuera del ámbito parlamentario, para evitar la aprobación del tratado. Raíces del rechazo al TPP El rechazo de la sociedad civil mexicana a los tratados de libre comercio tiene hondas raíces en su experiencia propia. Luego de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México pasó de ser un país productor agrícola a un importador neto de alimentos. El ex relator especial para la alimentación de las Naciones Unidas, Oliver De Shutter, sostuvo que de continuarse con esta ruta en 30 años el país importará hasta 80 por ciento de los alimentos que consume México. En noviembre de 2015 culminaron las negociaciones del Tratado Transpacífico (TPP), un acuerdo comercial de México, Estados Unidos y Canadá con dos países de Sudamérica (Chile y Perú), con Japón y otros seis países del Océano Pacífico con los que México aún no tiene convenio comercial: Australia, Vietnam, Singapur, Brunei, Malasia y Nueva Zelanda. En la “Agenda de implementación” del TPP se incluye el compromiso de los países a suscribir el Acta UPOV 1991, que contiene un régimen especial para las empresas productoras de semillas para la agricultura y la alimentación. Dicho sistema fortalece el sistema de registro de variedades y patentes a favor de las empresas multinacionales y prohíbe expresamente el derecho ancestral de los campesinos de guardar las semillas para re siembra. Respecto a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), se constituirá un Grupo de trabajo para intercambiar información sobre productos de la biotecnología moderna y su liberación comercial, que no es otra cosa que abrir un espacio internacional para la industria biotecnológica, lo que aumenta la posibilidad de que los países acepten la tecnología transgénica. Además de este tratado comercial, México ha suscrito el Protocolo de Nagoya del Convenio de Diversidad Biológica, que es un marco para el acceso a los recursos genéticos y el reparto de beneficios. El hecho de que en diciembre de 2016 México será sede de la Cumbre de los países Partes (COP) del Convenio de Diversidad Biológica hace necesario conocer con mayor precisión, discutir y socializar esta información entre la comunidad universitaria, las organizaciones indígenas y campesinas, y posicionarse ante estos nuevos mercados de la biodiversidad. El marco jurídico y social de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos incluye el derecho a la consulta libre, previa e informada, y este principio no se ha cumplido en la negociación y firma de estos tratados. Además, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, reconoce el derecho de los pueblos a la libre determinación sobre los proyectos de desarrollo que se han de implementar en los territorios ancestrales. Valoración: Sin votos (todavía) | |||||||||||||||
| Archivan acusación contra indígenas por aprovechar recursos dentro de área protegida Posted: 16 Jan 2016 05:41 PM PST  Servindi, 16 de enero, 2016.- En un caso considerado de gran relevancia la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de San Martín – Tarapoto archivó definitivamente la acusación judicial contra seis dirigentes de la Comunidad Nativa Ankash Yaku de Achinamisa por el supuesto delito de desbosque en un área natural protegida que forma parte de su territorio ancestral. El fallo se sustenta en que las comunidades nativas pueden aprovechar los recursos naturales que se encuentren en las áreas naturales protegidas para fines de subsistencia y actividades tradicionales, las mismas que no requieren de ningún permiso ni autorización. Por tal motivo; el hecho de desboscar y realizar actividades tradicionales como la agricultura no resulta una conducta típica delictiva y por consiguiente no puede ser perseguible penalmente. Rubén Ninahuanca, abogado de la Asociación Paz y Esperanza, quien patrocinó a uno de los líderes indígenas precisó que “el fallo no debe interpretarse que las comunidades nativas pueden realizar actividades como la agricultura en cualquier parte del ACR CE, sino que estas actividades deben realizarse conforme lo establezca el Plan Maestro del ACR CE, el mismo que debe pasar por consulta previa". El caso surgió a consecuencia del conflicto entre la administración del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR CE) y las comunidades kichwas asentadas desde tiempos ancestrales dentro de la ANP. Los acusados son Wellington Insapillo Pizango, Fredy Pizango Panaifo, Aleardo Pizango Pilco, Jaime Pizango Panaifo, Carlos Segundo Insapillo Panaifo y Walter Pizango Pilco. Según reportó el portal Clave Verde, Wellintong Insapillo Panaifo, uno de los procesados, afirmó en reiteradas oportunidades que los guardaparques de la ACR CE les prohibían el acceso a la ANP para realizar sus actividades tradicionales y de subsistencia, poniendo en riesgo su supervivencia y la de su familia. Se hizo justicia Víctor Coronel Moreno, de Clave Verde y abogado defensor, señaló que; “la judicialización de líderes indígenas para proteger un Área Natural Protegida, es una muestra de incapacidad y autoritarismo para proteger el bosque. La asimetría de poder y de recursos quiso imponer una ideología de conservación sin rostro humano, mucho menos indígena; sin embargo la Sala Penal de Apelaciones – San Martín – Tarapoto, hizo justicia.” “Sentimos que el Poder Judicial empieza amparar nuestro derecho al territorio, al establecer que nuestra conducta de aprovechar el bosque no es delito y no como en años anteriores nos decían que el indígena es un tonto y no conoce las normas y por eso hay que archivar el caso" manifestó Elias Sinti Panduro, jefe de la Comunidad Nativa Ankash Yaku de Achinamisa. "Los indígenas no somos tontos, los indígenas tenemos derecho al territorio y por eso lo vamos a defender,” agregó. Datos: El Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) fue creada el 25 de diciembre de 2005 por Decreto Supremo, a pedido del Gobierno Regional y la aprobación del Gobierno Central. Tiene una extensión territorial de 149 mil 870 hectáreas (abarca 5 distritos de la provincia de San Martín y 4 de la provincia de Lamas, en la Selva Alta) y alberga a siete comunidades nativas Quechuas Lamistas y una Chayahuita. Acceda a la sentencia en el siguiente enlace: - Fallo de la Sala Penal de Apelaciones de San Martín – Tarapoto (PDF, 9 páginas) ----
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| Ser indígena en tiempos neoliberales. Entrevistas a Mardonio Carballo y Francisco López Bárcenas Posted: 16 Jan 2016 12:04 PM PST  Por Eliana Gilet Desinformémonos, 16 de enero, 2016.- ¿Qué es ser indígena en México? ¿Quiénes lo son y quiénes pretenden decidirlo? ¿Cuándo la reivindicación de la identidad indígena sirve para la defensa jurídica del territorio? Mardonio Carballo, escritor, actor y poeta náhuatl, y el abogado mixteco Francisco López Bárcenas, reflexionan sobre algunos aspectos culturales y jurídicos de la identidad de más de 60 pueblos, naciones y tribus indígenas en México, quienes protagonizan una lucha cotidiana frente a diversos megaproyectos que se pretenden imponerse sobre sus tierras. La auto-adscripción y el amor a la tierra pesan más que la lengua. Los símbolos y la fiesta brindan el hilo que permite llegar al origen. ¿Qué hace que un pueblo sea indígena?, fue la pregunta que se le trasladó al multifacético artista Mardonio Carballo, de la que resultó esta entrevista. - ¿Cuál es el elemento central que distingue a un pueblo indígena? Son varias cosas. Una es la auto-adscripción. En este país esa discusión está zanjada: un pueblo que se auto-adscribe como pueblo indígena, lo es automáticamente. La segunda sería estar presente siempre en la discusión de los postulados zapatistas, de Emiliano Zapata. La tercera es el amor a la tierra y su territorio. Su defensa está estrechamente ligada a este amor que tienen los pueblos indígenas y campesinos por la tierra. El cultivo del maíz no se nos tendría que olvidar, que es la base alimenticia de este país y que tiene que ver con la domesticación del grano desde Centroamérica. Eso le da base a un pueblo y ya lo dirá López Bárcenas, pero también le da sustento jurídico. Otra cosa más brutal es el color de piel y el denuesto que provocan. Vayamos a Atenco. Los macheteros de Atenco, ¿quiénes lo usan? ¿por qué los usan? Ese símbolo que han usado a lo largo de su lucha contra el aeropuerto, quienes lo usan para la subsistencia, el trabajo, incluso utilizarlo como símbolo en una lucha reivindicativa por el derecho en su tierra - ¿Por qué no has nombrado a la lengua? El asunto con Atenco es que no hablan la lengua, pero en este caso con la auto-adscripción nos es suficiente. Atenco quiere decir “a la orilla del agua” o “a la ribera del río”, desde la toponimia estamos sabiendo a qué lengua y pueblo pertenece. Pero tampoco se puede censurar la pérdida de la lengua porque en un país como el nuestro se ha impulsado desde el Estado; desde el racismo y el clasismo. Aprender a leer también los motivos por los cuales hay una comunidad o un grupo de ellas que han perdido su lengua. - Con respecto a las formas de organización de las comunidades, ¿hay elementos particulares en eso? El asunto de la asamblea y la colectividad tienen que ver con la identidad de los pueblos indígenas. No hay que olvidar que no todos los pueblos campesinos son indígenas pero sí todos los pueblos indígenas son campesinos. Eso da otras formas de organización, que también se repite a lo largo del país. Que no hables la lengua no significa algo tajante, puedes tener formas organizativas que delaten tu raigambre. La fiesta es otro elemento. Cuáles son, donde están colocadas las imágenes católicas, a que pertenecían cuando antes que este país se llamara como se llama en la intervención española en México; son elementos que también hacen a la cultura. Para no caer en el romance triste de un pueblo oprimido, hay que acudir a la fiesta para poder nombrarle y jalar el hilo para saber de dónde viene. - ¿Hay una forma de relacionamiento interpersonal particular de los pueblos indígenas? Por supuesto. Si hablamos de una gran población olvidada, oprimida, no incluida, a la que se le reparte dádivas como políticas públicas es claro que una de las formas para sobrevivir es el asunto colectivo. La colectividad también deviene de un asunto de sobreviviencia ante el embate económica, neoliberal, de la conformación de un país sin consulta a los que antes estaban aquí, deviene en la necesidad de tomarnos de los brazos y buscar la lucha juntos. En el caso de Atenco cabe ese ejemplo. En un país en que las cosas parece que nos pasan por arriba una y otra vez, ¿por qué ellos sí pudieron? - ¿Por qué ellos sí pudieron? Alguien a quien ya le quitaron su lengua, a quien le quieren quitar el sustento de su vida que es el maíz, a quien le quieren quitar sus panteones, es decir, su memoria donde están enterrados sus huesos, sus muertos, hace que brote la indignación y te lleva a organizarte. - ¿Te resulta paradójico que la apelación al “ser indígena” sea una de las herramientas fundamentales de la defensa del territorio? Tiene que ver con el desplazamiento, porque no es sólo en México, sino en el mundo. Una sola idea de vida, economía e ideología está siendo ponderada en detrimento de los que no son como los otros. Atenco: fueron por ellos cuando se necesitó un nuevo aeropuerto. El desplazamiento tiene que ver con los recursos naturales, la tierra, el aire. Hasta que no necesitan lo que los pueblos indígenas conservamos con ahínco, van a por nosotros. Esa es la situación que se repite a lo largo de la historia, del territorio mexicano y del mundo. Eso tiene que ver con que quienes cuidan la tierra, el agua y los bosques se han vuelto imprescindibles para la vida y para el negocio. - Y también estar en el territorio… Es el asunto del agua con los yaquis, la madera en Cherán, de Ostula con la tierra, todo está vinculado al binomio pueblos indígenas – conservación de los recursos naturales porque hay otra lógica de relacionarse con la naturaleza, con el otro, que hace que esa preservación sea un asunto codiciable. A partir de eso se desatan campañas en contra, o dinero entre las personas para crear una división entre las personas para generar división. - Has dicho anteriormente que México es un lugar súper diverso pero que siempre ha estado de espaldas a esa diversidad, ¿la resistencia ha sido el camino por el que los pueblos han tomado la primera plana tras haber sido ignorados? Esta patraña que es México se creó a sus espaldas, los integrantes de los pueblos siempre han sido carne de cañón. La metáfora es que empiezas viviendo a las faldas del Cerro, quieren lo que hay ahí te subes otro poquito y otro y cuando llegas a la punta, está el vacío. Entonces tienes que decidir si te avientas al vacío, lo que sería un suicidio o empiezas a bajar. A pelear por lo que es tuyo. No en balde tenemos en el Zapatismo y en el Sup Marcos el símbolo del Anti neoliberalismo; y no hablo románticamente a nivel local, sino mundial. La reivindicación de ciertos preceptos ante la vida y los otros, que la mayoría de la gente había olvidado. - ¿Adelantó las resistencias 20 años? No sé si las adelantó o las puso en la palestra pública. Si hablemos de una cronología de la resistencia, este es un pináculo, pero fue porque ya no se podía más. El “ya basta”, “nunca más un México sin nosotros”, “por un mundo en que quepan todos los mundos” terminó aglutinando el pensamiento de mucha gente. Después de los zapatistas habemos mucho más indígenas en México. Y a muchos otros les indicó la ruta. - ¿El arte es un ámbito que permite identificar lo indígena? Hay tres niveles: la primera tarea del artista es hacer su trabajo bien, la segunda es pronunciarse por los más desprotegidos y la tercera, es el activismo. El artista tiene que hacerse responsable de la sociedad que lo consume, que lo hace artista. El artista no es el que se encierra en su cuarto a escribir y no le importa más nada. Tiene que hacerse responsable de la ciudadanización de la sociedad que lo encumbra. - ¿Existe un arte indígena? Existen artistas indígenas, los reconocidos a nivel público y los reconocidos desde la comunidad que tienen otro tipo de encargos: los contadores de historias, los músicos, los que acompañan la danza, el rito, los pedidos de lluvia. Existen indígenas, no muchos, metidos en el mainstream: Francisco Toledo, Demian Flores, Lyla Downs, y otros varios que han asumido una identidad a partir de la que generan conciencia hacia los pueblos originarios.
Lo indígena está construido en relación con el otro: Francisco López BárcenasQue no hay lucha jurídica que no sea política es lo primero que este abogado, uno de los principales intelectuales indígenas mexicanos quiere dejar en claro. Y como en toda lucha, se precisa una estrategia: quién es el sujeto que la lleva adelante, contra quién pelea y qué estrategia va a emplear, son elementos previos al derecho. De cómo las luchas por el territorio están cambiando al ámbito jurídico también se habla en esta entrevista. - ¿Qué papel juega el derecho en la defensa del territorio? Veo al derecho como un instrumento como puede haber muchos, no único. No lo veo como la institucionalidad que nos enseñan en la escuela. No lo centro en la ley descarnada, ni en las instituciones encargadas de operarla: hay que ver que esto es una lucha de pueblos contra grupos que los quieren despojar. Como en toda lucha, hay que ver quién mueve ese instrumento. No tiene sentido que un pueblo desorganizado vaya a un tribunal porque puede ser que gane el juicio pero no lo pueda ejecutar. La presa de El Zapotillo (en Jalisco) es un caso típico de cómo han ganado cerca de diez juicios pero la presa sigue. - ¿Qué fallo en ese caso? Que no hay un sujeto político que mueva ese instrumento jurídico. - ¿Qué necesita ese quién? ¿Cómo es? Las luchas jurídicas en tribunales necesitan de una estrategia política. No hay juicios que no sean políticos. No centro la importancia o la estrategia en qué prueba voy a ofrecer, sino en cómo voy a llevar el juicio político: entonces la prueba pasa a ser accesoria. Es el caso cuando detuvieron a Nacho del Valle – dirigente de Atenco – y lo recluyeron. Si uno lee la sentencia, es política. No tiene ningún argumento jurídico en ella que diga por qué lo detuvieron y por qué lo soltaron, y la hizo la Suprema Corte, el máximo órgano jurídico. La estrategia es política aunque la forma sea jurídica. - ¿Crees que han sido las amenazas las que han hecho que los pueblos echen mano al reconocimiento indígena como estrategia? ¿Por qué? Hay una falta de entendimiento de cómo lo indígena se ve desde fuera y cómo se ve desde dentro de una comunidad. Yo soy mixteco, pero soy de un pueblo indígena visto desde fuera. Si voy a la mixteca y le pregunto a la gente si son indígenas me van a decir que no, que son mixtecos. Lo indígena está construido en relación con el otro. Internamente, lo indígena no existe como algo material, sino como un concepto que engloba muchas diferencias culturales. No se consideran indígenas porque no están frente al otro. Cuando éste viene a molestarlos, se asumen, porque los elementos jurídicos están construidos a partir del otro y por el otro. ¿Cuándo comenzó Atenco a reivindicar lo indígena? Después de lo del aeropuerto. ¿Por qué? Porque ven que esos son los instrumentos. Hay pueblos que mueven el derecho de manera tradicional, por ejemplo: Tila. Como su juicio viene de hace décadas, ellos no usaron el argumento indígena, sino el agrario, el comunal. Ganaron. Y ahora la Corte discute si la comunidad agraria Tila tiene derecho a que la restituyan o a que los indemnicen. Sí importa cómo argumentas. No basta tener el machete y saber usarlo, hay que afilarlo también, diría mi padre. - Entonces, el primer paso es el sujeto, el quien; a continuación reconocer contra quién se está peleando, ¿y luego? Los abogados necesitamos tener mucha inventiva de cómo hacerlo, de qué interpretaciones podemos darle a la ley de manera que acorrale al juez, que no le quede otra que decir: ¿ahora por donde me salgo? Finalmente, la estrategia tiene que plantearse así: ¿está uno peleando contra el que tiene en frente, la empresa constructora o minera, o está uno peleando contra el Estado que apoyó esa obra? La diferencia es grande. - ¿Qué hace esa diferencia? Si le pegas al que tienes en frente, puede que lo derrotes pero que el Estado busque a otro y lo ponga a terminar el proyecto. Atenco: en la primera etapa de la lucha vencieron la idea de construir el aeropuerto pero no acabó ahí. Históricamente el caso que ilustra esto es el del Movimiento 26 de Julio. Cuando descubren en Cuba el Asalto al Cuartel Moncada y los apresan, está claro que son guerrilleros. Una defensa tradicional se hubiera enfocado a quitar lo político y atenuar la pena que les tocaba. ¿Qué hizo Fidel Castro? Asumir la responsabilidad y dar sus razones políticas. ¿Qué hizo eso? Le creó un problema político al Estado, al que no le quedó otra alternativa que sacarlo de ahí. Eso es estrategia. O le pegas al que tienes en frente o le pegas al Estado. Si lo vences, ya no puede volver. - ¿Qué estrategias jurídicas te han sorprendido por lo novedosas? Por el 2005, la relación de la Policía Comunitaria con el gobierno se puso muy difícil. Nos pidieron que los ayudáramos a armar un argumento de que eran legales, pero en aquel tiempo no había ley indígena en Guerrero. Tuvimos que forzar las disposiciones generales de la Constitución, el artículo 2, en dónde dice que como parte de la autonomía tienen derecho a regirse por sus propias normas e instituciones. Entonces, la CRAC es una institución aunque no haya una disposición específica, como ahora hay. Fue una interpretación novedosa. Es sencillo, primero el sujeto, luego el enemigo, en un tercer paso la estrategia y después como la vas a instrumentar. Ahí recién entra el derecho. Si tienes el sujeto ves qué capacidad tiene, de acuerdo a sus características, su tamaño, su nivel de organización, su historia, su trayectoria de resistencia, sus símbolos, sus apoyos. De la capacidad que tenga cada pueblo, va a surgir la estrategia y en base a sus características, va a medir la respuesta obtenida. - Así como el “ser indígena” es una construcción, ¿se está construyendo una forma indígena del derecho? Creo que sí. Hubo en la Corte un ministro, Juventino Castro y Castro, a quien le preguntaron porque la corte no se ocupaba de asuntos indígenas, por 1995 o 1996. Dijo una cosa que jurídicamente era correcta, pero políticamente no: que no se ocupaba de esos casos porque los indígenas no los presentaban. En los últimos diez años, los indígenas han ido mucho a los tribunales: a los agrarios, civiles, a los federales, de amparo. Tiene que ver con que hay profesionistas que les interesan sus derechos y han hecho una promoción interesante. ¿En qué sentido se ha ido creando esta idea de derechos indígenas? En la interpretación novedosa de instrumentos. Cuando comencé a hablar de derechos indígenas, en el 95, en los tribunales se sorprendían que invocara tratados internacionales aunque fuera jurídicamente correcto. Con el paso del tiempo los tribunales y abogados se han visto en la necesidad de prepararse. Los principales cambios en el derecho ante la presentación de casos indígenas se ha visto en lo siguiente: – en la legitimidad de los pueblos para reclamar sus derechos por ellos mismos, a través de sus propias autoridades, que hace diez años era inconcebible. ¿Cómo que el gobernador tradicional de los Rarámuris va a venir acá? Ahora eso está claro. – sobre los tipos específicos de derechos que reclaman: ya no están reclamando derechos individuales ni como comunidades agrarias, sino reclamando derechos específicos como comunidades indígenas. El derecho a ser autónomos, a tener territorio, su propio gobierno, a su propio desarrollo y todos los que puedan entender como derechos colectivos de pueblos. ---- Valoración: Sin votos (todavía) | |||||||||||||||
| Consulta previa del Plan Nacional de EIB ingresa a evaluación interna y diálogo Posted: 16 Jan 2016 09:00 AM PST  Servindi, 15 de diciembre, 2015.- Los representantes de las organizaciones indígenas del país participarán la próxima semana en las etapas de evaluación interna y de diálogo como parte del proceso de consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe que promueve el Ministerio de Educación. El 18 y 19 de enero los líderes de los pueblos originarios se reunirán en la ciudad de Lima para tomar una decisión acerca de la propuesta educativa que propone atender a más de un millón de estudiantes que hablan una lengua originaria. Asimismo, el 21 y 22 de enero se realizará el diálogo entre los dirigentes indígenas y el Minedu para lograr acuerdos que permitan implementar la política de educación intercultural bilingüe (EIB) en los próximos seis años, considerando los diversos contextos socioculturales. Elena Burga, directora general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira), indicó que los acuerdos serán asumidos por ambas partes en virtud de la buena fe y el compromiso demostrados en todo el proceso de consulta.
“El Plan Nacional de EIB es una herramienta de gestión que permitirá llevar a la práctica los grandes lineamientos que contiene la política de EIB entre todas las instancias educativas y los pueblos originarios, a través de cuatro objetivos específicos”, señaló. El primer objetivo está destinado a garantizar que la mayoría de los estudiantes tengan acceso a una escuela intercultural bilingüe y concluyan oportunamente su educación básica tanto en primaria como en secundaria. Asimismo, la diversidad cultural y lingüística plantea nuevos desafíos: el Plan Nacional de EIB propone distintas formas de atención: para zonas urbanas y rurales, para el fortalecimiento de la cultura y lengua, para la revitalización lingüística y para la atención a la primera infancia indígena. El segundo objetivo plantea que las direcciones regionales de Educación, unidades de gestión educativa locales e instituciones educativas aseguren la implementación de currículos pertinentes, la propuesta pedagógica de EIB, así como la distribución y uso de materiales. El tercer objetivo se propone contar con docentes formados y calificados para cubrir la demanda de EIB en todas las etapas, niveles y modalidades del sistema educativo. Ello significa asegurar la calidad de las instituciones formadoras de docentes y la capacitación en servicio. El cuarto objetivo busca contar con modelos de gestión educativa con enfoque territorial y destinados a la mejora de logros de aprendizajes en educación intercultural bilingüe con la participación de las DRE, UGEL, Copare, Copale y las organizaciones indígenas. Datos: - Siete organizaciones indígenas de alcance nacional participan de la consulta previa: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Fenmucarinap), Confederación Campesina del Perú (CCP), Confederación Nacional Agraria (CNA) y Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA). - La consulta previa del Plan Nacional de EIB se inició en octubre de 2015 y desde entonces se han realizado tres talleres informativos en Lima, Iquitos y Puno sobre los alcances de la medida administrativa. --- Para más información acceder al enlace: http://www.minedu.gob.pe/campanias/consulta-previa-del-plan-nacional-de-educacion-intercultural-bilingue.php
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| "Sentencia del caso Hitler Rojas deja un mensaje nefasto a la sociedad" Posted: 15 Jan 2016 11:52 AM PST  Servindi, 15 de enero, 2016.- Mirtha Vásquez, abogada de la asociación Grufides, cuestionó la sentencia dada por el Juzgado Colegiado de Cajamarca de seis años de cárcel para Alejandro Rodríguez García, por el asesinato del líder ambiental Hitler Rojas Gonzales, ocurrido el 28 de diciembre del 2015. |
